España, el fraude fiscal y nuestro esquelético estado social

España se gasta en el Estado del bienestar mucho menos de lo que debería gastarse por su nivel de riqueza. España, cuyo PIB per cápita es el 94% del PIB per cápita promedio de la UE-15, se gasta en su Estado del bienestar sólo el 74% de lo que se gasta el promedio de la UE-15. Si se gastara el mismo porcentaje, el Estado del bienestar español recibiría 66.000 millones de euros más de lo que se gasta ahora. Es una falsedad, por lo tanto, indicar que nos gastamos más en el Estado del bienestar de lo que podemos permitirnos. 

El país tiene recursos. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge, y ello es resultado de que la mayoría de las rentas superiores no contribuyen al Estado en los mismos porcentajes que sus homólogos en la mayoría de países de la UE-15. Su contribución fiscal real (y no nominal) es mucho menor de la existente para estos grupos de renta en los países del centro y norte de Europa. El fraude fiscal es mucho menor en estos países que en España (y en los otros países del Sur de Europa, como Grecia, Portugal e Italia, que, no por casualidad, son los países de la eurozona que tienen mayores dificultades en pagar su deuda pública).

Francisco De la Torre, portavoz de los Inspectores de Hacienda, ilustra que en la Agencia Tributaria trabajan 27.800 efectivos, mientras que en la francesa, cerca de 150.000 y en la británica, unos 140.000. 

España tiene un Inspector de Hacienda por cada 1.600 contribuyentes, en Alemania y Reino Unido uno por cada 700. Consecuencia, se defrauda el doble. En España el fraude fiscal supone el 23% de nuestra economía, un 10% más que en el Resto de la UE. 10 puntos porcentuales que suponen 38.500 millones de euros que defraudamos de más.

Tal fraude fiscal se concentra en los sectores más pudientes. Según los técnicos de la Agencia Tributaria del Estado español, el 71% del fraude fiscal lo realizan las grandes fortunas, las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (que representan sólo el 0,12% de todas las empresas), y la banca, alcanzando la enorme cifra de 44.000 millones de euros al año, que, en caso de que se recogieran por el Estado y se gastaran en su Estado del bienestar, reducirían dos tercios del déficit de gasto. 

No es pues que no nos podamos pagar el escasamente financiado Estado del bienestar, sino que el Estado no ha hecho lo que debería, es decir, enfrentarse con estos poderes fácticos y grupos sociales minoritarios para recoger lo que el país requiere. 

Según Carlos Cruzado, presidente de la Asociación de Técnicos de Hacienda, sólo el 20 % del personal investigador de la Agencia Tributaria se destina a investigar a estas grandes empresas (que son 0'12% del total de España y cometen ellas solas el 71% de todo el fraude fiscal de nuestro país).