Los Favores en Política tienen un Precio

A estas alturas ya nada puede sorprendernos. En tres años de crisis hemos visto la caída de gobiernos elegidos democráticamente por los ciudadanos y sustituídos por tecnócratas  a nómina del  gran capital.

Hemos  visto la sumisión de unos países a planes económicos durísimos, impuestos sin contar con el apoyo popular, que aparecen de la noche a la mañana sin  que nadie haya tenido oportunidad de contrastarlos en programa electoral alguno. Unos planes que  no  obedecen  nada más  que a las imposiciones de otros estados  más fuertes que les pasan por encima, Destinados solamente a asegurar el pago a los bancos acreedores de la deuda soberana aun pasando por encima del estado del bienestar y de la voluntad popular expresada libremente  en referéndum. Planes de ajuste que condenan inevitablemente al estancamiento de la crisis como han venido advirtiendo  repetidamente muchos y muy prestigiosos economistas independientes tanto de nuestro  país como del extranjero. Lo que en otro tiempo se hubiera considerado una injerencia en los asuntos internos  de un Estado Libre -y un gran incidente diplomático- hoy es rutina diaria dentro de la Unión Europea.

 Hemos visto reformas constitucionales llevadas a cabo "con nocturnidad y alevosía", sin contar con la voluntad popular expresada libremente en referéndum, y diseñadas desde despachos  oscuros en favor de intereses y personas muy concretas pero ocultas bajo la denominación genérica e interesada de "mercados".

Todas estas políticas, tomadas aparentemente con el pretexto de calmar a los mercados, provocan curiosamente el efecto contrario al pretendido. El sentido común que todos tenemos debería conducirnos a los ciudadanos a cuestionarlas profundamente. Lejos de ello,  una minoría muy importante de votantes (unos diez millones, aproximadamente un 30 % del total) ha dado su apoyo político a un partido que promete endurecer dichas medidas. Un partido  con un programa electoral oscuro o cuando menos ambíguo que ha llegado al poder con la única promesa de que "hará lo que tenga que hacer".


Diez millones de personas han dado un cheque en blanco al Partido  Popular. El cual, antes incluso de tomar posesión ya ha incumplido el compromiso que adquirió con sus votantes de no sufragar a costa del erario público las pérdidas de los bancos (pérdidas producidas nada más que por llevar a cabo actividades temerarias, irresponsables, usurarias y en última instancia condenables y que, sin embargo, vamos a pagar entre todos los ciudadanos en la forma de un "Banco Malo" en donde la banca  privada  se deshará de todos sus activos tóxicos).

Hemos visto con pasmo durante este tiempo el archivo de actuaciones del Ministerio Fiscal frente a personajes de una enorme importancia política como el señor Emilio Botín, que era investigado por sus negocios  oscuros y que podrían haberle supuesto hasta 170 años de cárcel. Archivo de actuaciones ordenado directamente por el gobierno socialista sin que se hayan dado mayores explicaciones.

También se han producido sonrojantes indultos como el más reciente del señor Sáez, alto directivo del Banco de Santander. Indulto  que le permite mantener la "honorabilidad" intacta necesaria  para poder seguir desempeñando su papel en dicha entidad  financiera. "Honorabilidad" intacta, aun a pesar de haber sido condenado y por ello indultado también por el  gobierno socialista -esta vez en funciones- y también sin  dar mayores explicaciones a la opinión pública.

Una opinión pública que no debe entender fácilmente como cientos de miles de personas son condenadas a vivir sin techo sin que medie "indulto" ninguno por esa mismo Banco del señor Botín, gobernado por personas de tan dudosa honorabilidad como el señor Sáez.

Quizá una clave para entender todo lo que está pasando sea darse cuenta de que nuestros gobernantes, una vez que dejan sus cargos públicos, pasan en masa a ser "recolocados" en puestos de responsabilidad de esas mismas empresas a quienes favorecen  contínuamente con sus políticas. Así, y por ejemplo, José María Aznar (PP, trabaja ahora para Endesa), Felipe González (PSOE,  lo hace para Gas Natural), Eduardo Zaplana (PP,  para Telefónica), Javier de Paz (PSOE,  para Telefónica), Narcís Serra (PSOE,  para Caixa Catalunya), Rodrigo Rato (PP,  para Bankia), Josu Jon Imaz (PNV,  para Petronor), Josep Piqué (PP,  para Vueling), Jordi Sevilla (PSOE,  para PwC), etc.

Un 10% de los consejeros de empresas del IBEX-35 (con una media salarial cercana al millón de euros anuales) han desempeñado cargos políticos relevantes.  Todo político sabe que si sirve a los intereses privados, no sólo tendrá campañas financiadas sino un puesto de trabajo a futuro, y una muy  generosa jubilación asegurada.

En mi opinión, no debemos permitir que la política siga siendo manipulada y sometida a los poco escrupulosos intereses del gran capital. Si queremos invertir la situación, si queremos salir de esta crisis en  que se nos ha metido, debemos  dejar de permitir que nuestros políticos pasen  a nómina de las grandes empresas una vez que dejan  sus cargos. Debemos asegurarnos de que estas grandes  empresas no financien sus campañas. Urge separar claramente la política de las finanzas. Y  ello sólo podremos conseguirlo a través de la concienciación ciudadana y de la movilización  social.

Aún estamos a tiempo.